[Agenciawalsh] Cristóbal López, la policía y la prefectura persiguen a los trabajadores del Casino y otras

[Rodolfo Walsh]

AGENCIA DE COMUNICACIÓN RODOLFO WALSH
  Integrante del Foro De Medios Alternativos
  y de la RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS
   
  “Perdimos, no pudimos hacer la revolución. Pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra, ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo.”
  Envar El Kadri
   
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  APARICION CON VIDA YA DE JULIO LOPEZ
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  FUERA LOS YANQUIS DE IRAK Y AMERICA LATINA
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  Lunes 14 de enero de 2008
   
  Cristóbal López, la policía y la prefectura persiguen a los trabajadores del Casino
   
  (AW). Los trabajadores despedidos del Casino Flotante fueron desalojados violentamente por la policía y la prefectura de la puerta de la casa de juegos propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López. Los compañeros se instalaron frente a la Facultad de Ingeniaría y convocan a una asamblea para las 18.
   
  Desalojo y detenciones en un predio de Escobar
   
  (AW). Dos integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) fueron detenidos poco después del mediodía en Escobar y trasladados a la comisaría 1º de esa zona por la policía, que desalojó violentamente un predio.  
   
  La dignidad de los nadies
   
  (AW). En Chile el Gobierno de Michelle Bachelet continúa con su política represiva contra los mapuches. El 3 de enero fue asesinado el joven Matías Catrileo Quezada cuando participaba de la recuperación de un territorio mapuche. En tanto, más de veinte presos políticos de esta comunidad siguen encarcelados, bajo cargos de una Ley Antiterrorista dictada en la dictadura pinochetista. Una nota de Luis Zarranz, del colectivo “Jaque al rey”.
   
  Derecho de propiedad vs. Derecho a una vivienda digna 
   
  (AW). 2007 se presentó como un año crítico para los desalojos en la ciudad de Buenos Aires. Se estima que unas 24 mil personas quedaron en la calle.  
   
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  El BAUEN es de los trabajadores y al que no le gusta… se jode, se jode
  Todos junto a los compañeros de la cooperativa autogestionada ¡No al desalojo!
   
  Fondo de Huelga de los trabajadores despedidos del Lavadero Virasoro
  Número de Cuenta: 4488257973 - Sucursal Banco Nación
  Para contactarse: (0341)156.494.619 Gabriel
   
  Fondo de Huelga de los trabajadores despedidos del Casino Flotante
  Número de Cuenta: 022- 40034180/6 - Sucursal Banco Francés
  Para contactarse: 15 6256- 2054 Luis Yañez Alaniz
  Paola Araujo: 15 6390 6350
   
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  Cristóbal López, la policía y la prefectura persiguen a los trabajadores del Casino
   
  (AW). Los trabajadores despedidos del Casino Flotante fueron desalojados violentamente por la policía y la prefectura de la puerta de la casa de juegos propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López. Los compañeros se instalaron frente a la Facultad de Ingeniaría y convocan a una asamblea para las 18.
   
  Buenos Aires, 14 de enero de 2008 (Agencia Walsh). Los trabajadores despedidos del Casino Flotante fueron desalojados violentamente por la policía y la prefectura de la puerta de la casa de juegos propiedad del empresario kirchnerista Cristóbal López.
   
  Los compañeros habían bloqueado los accesos terrestres del Casino en protesta por los despidos efectuados a fines del año pasado y el respaldo que esa medida recibió de parte del Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada y la Justicia, representada en este caso por dos de los máximos exponentes del poder: María Servini de Cubría y Norberto Oyarbide.
   
  En La Boca, un grupo de trabajadores intentó impedir la salida de los catamaranes que dispuso la empresa para los apostadores. Los manifestantes formaron una barrera en el puesto de embarque, justo frente a Caminito, donde también se dispuso un operativo de los efectivos de Prefectura. 
   
  Desde allí van y vienen dos catamaranes. Uno es la clásica lancha colectiva de madera de la empresa interisleña, que en estos días dejó el delta del Tigre para navegar por el Riachuelo. Otro es un catamarán de color blanco y azul, con un poco más de comodidades. 
   
  “Fuimos acorralados por la Prefectura y desalojados de la puerta del Casino mediante un operativo cerrojo. Nos desalojaron la policía y la prefectura, nos corrieron violentamente. Se trató de un nuevo operativo escandaloso a instancias de una orden que dio el juez Oyarbide por pedido de Cristóbal López, este empresario tan poderoso que utiliza a las fuerzas de seguridad del Estado”, dijo Leandro Bonagni, representante gremial.
   
  Los trabajadores caminaron hasta la puerta de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Allí realizarán, a las 18, una asamblea para decidir los pasos a seguir. Con tal fin convocaron a organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos a participar.
                 
  AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
   
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  Desalojo y detenciones en un predio de Escobar
   
  (AW). Dos integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) fueron detenidos poco después del mediodía en Escobar y trasladados a la comisaría 1º de esa zona por la policía, que desalojó violentamente un predio.  
   
  Buenos Aires, 14 de enero de 2008 (Agencia Walsh). Dos integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) fueron detenidos poco después del mediodía en Escobar y trasladados a la comisaría 1º de esa zona por la policía, que desalojó violentamente un predio.  
   
  Más de  30 familias que desde el sábado 27 de octubre vienen construyendo sus viviendas en un predio abandonado hace 40 años en el partido de Escobar para obtener una tierra y vivienda digna a donde vivir están siendo desalojadas por la policía. Los terrenos están ubicados entre las calles Los Ceibos, Colombia, Los Pinos y Paraná del Barrio Villa Saboya en la ciudad de Matheu.
   
  Durante la mañana un operativo policial de más de 500 efectivos de la policía e Infantería, más un helicóptero rodean a las más de 30 familias. Además la policía hizo ingreso al predio, alrededor de tres policías hacen guardia en la entrada de cada una de las casillas para intimidar a las familias. Sobre la ruta 25 de Escobar hay varios móviles preparados para desalojar. 
   
  La orden de desalojo fue emitida por el juez Luciano Marino, titular del Juzgado de Garantías Nº 3 de Escobar. La fiscal interviniente es Irene Molinari.  En el predio también se hicieron  presentes funcionarios del Ministerio de Seguridad Provincial, que argumentaban estar allí para “garantizar que el desalojo no sea violento”. Sin embargo, las familias se ven en la obligación de firmar un papel donde se notifica que hoy deben abandonar el lugar y   tienen tiempo para hacerlo hasta las 18. Por otro lado, el miércoles es el día tope para desarmar las casillas.
   
  Ninguno de los funcionarios presentes en el lugar ofreció una solución para las más de 30 familias sin tierra ni techo que no tienen a donde ir a vivir si llegan a ser desalojadas.  
   
  En este momento, los pobladores están organizados en asamblea y discutían si resistir el desalojo. Piden la colaboración de organizaciones sociales, medios de comunicación y vecinos para seguir subsistiendo. 
   
  Contactos:
  Julio, 15 6975 4258
  E-mail: utmesa en yahoo.com.ar
   
  Fuente: Anred.
   
  AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
   
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  La dignidad de los nadies
   
  (AW). En Chile el Gobierno de Michelle Bachelet continúa con su política represiva contra los mapuches. El 3 de enero fue asesinado el joven Matías Catrileo Quezada cuando participaba de la recuperación de un territorio mapuche. En tanto, más de veinte presos políticos de esta comunidad siguen encarcelados, bajo cargos de una Ley Antiterrorista dictada en la dictadura pinochetista. Una nota de Luis Zarranz, del colectivo “Jaque al rey”.
   
  Buenos Aires, 14 de enero de 2008 (Especial “Jaque al rey”). Cuando Michelle Bachelet alcanzó la presidencia de Chile muchos sectores progresistas y de izquierda –en toda América Latina- expresaron su alegría y su beneplácito porque, según ellos, “comenzaba una nueva etapa” en el país trasandino. Poco tiempo después, luego de las primeras represiones a estudiantes y trabajadores, el gobierno de la Presidenta daba sobrados motivos para argumentar que más que una “nueva etapa”, su gestión sería la continuidad de sus antecesores. 
   
  Presos de sus palabras y quizá de sus conciencias, no todos los sectores del progresismo latinoamericano y de la izquierda continental condenaron aún esta política represiva, ni han levantado su voz para denunciar el estado de persecución en el que viven luchadores sociales y sobre todo, las comunidades aborígenes. 
   
  El Gobierno de Bachelet está implementando una verdadera persecución contra el pueblo mapuche. El pasado 3 de enero fue asesinado por la espalda Matías Catrileo Quezada, de 22 años, cuando participaba de la recuperación de un territorio mapuche. Además, más de veinte mapuches están encarcelados acusados de “terrorismo” y más de cien fueron condenados y “gozan” de libertad condicional. Los “delitos” que estos mapuches cometieron fue recuperar las tierras que, por derecho ancestral, le corresponden.
   
  Para denunciar estas arbitrariedades, Patricia Troncoso Robles, Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Héctor Llaitul Carrillanca y Juan Millalén Milla, todos presos mapuches, se vieron obligados a iniciar una huelga de hambre extensísima con el objetivo de que se conozca su situación. Sin embargo, el Gobierno sigue mirando para otro lado.
   
  Actualmente Patricia Troncoso Robles lleva 92 días de huelga de hambre –el resto tuvo que abandonar la medida por el delicado estado de salud que presentaban-, recientemente fue internada y ya ha perdido más de 20 kilos. Decidida a llegar hasta las últimas consecuencias, aún en perjuicio de su propia salud, con el objetivo de que se sepa qué es lo que verdaderamente ocurre en Chile, sigue siendo desoída por las autoridades. 
   
  La muy progresista Michelle Bachelet no atiende a los familiares, no escucha sus reclamos, no responde las cartas de los movimientos de solidaridad internacional y, para peor, continúa con su política de persecución. Cualquiera que viaje a Chile y se ponga en contacto con las comunidades mapuches en resistencia, es víctima, luego, de intimidaciones por parte de los Carabineros, práctica que es moneda corriente para los chilenos movilizados en oposición a la implementación de esta política.
   
  Los presos políticos mapuches fueron juzgados bajo la “Ley Antiterrorista” sancionada por el dictador Augusto Pinochet, y aún puesta en práctica para perseguir a quien intentan recuperar lo que les corresponde.
   
  El delito de recuperar lo propio
  Un millón de mapuches viven en el Estado chileno. El 32% de ellos es pobre, cifra que desciende al 20% cuando se mide el nivel de pobreza del resto de la población. En 1997 los mapuches se organizaron en la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauko-Malleko (CAM).
   
  En tiempos de Pinochet, Chile comienza la aventura neoliberal –hoy es uno de los países más desiguales del continente- que coloca a Chile en la economía globalizada como abastecedor de materias primas (metales, energía, celulosa, etc.). Esta política de Estado -seguida por los gobiernos de la Concertación (coalición entre socialistas y demócrata-cristianos)- que se desarrolla masivamente en los ‘70 conlleva la implantación de los monocultivos industriales de pino y eucalipto que producen celulosa para abastecer a Japón, Europa, Canadá y Estados Unidos. 
   
  La extensión del monocultivo, que contó con el apoyo y subvenciones estatales, fue mermando la extensión de las tierras bajo control mapuche. Esta estrategia económica ha creado un grupo de poder formado por las forestales (Mininco, Valterra y Arauco), latifundistas, el aparato del Estado, partidos políticos y la energética Endesa -cuyas únicas inversiones efectuadas en ese Estado son las referidas a la construcción de las represas de Ralko, en el Bio Bio, zona mapuche-.
   
  Desde la constitución de la CAM, los mapuches han recuperado 18 mil hectáreas, que les corresponden por mandato histórico pese a la negación del Estado y los latifundistas. Esa es la cuestión de fondo que eriza los pelos a los sectores de poder.
   
  La Coordinadora de Comunidades en Conflicto apuesta por la recuperación de tierras para gobernarlas de forma autónoma, a la par de ir recuperando una serie de elementos económicos, espirituales y políticos en base a los que reconstruir la nación mapuche.
   
  El Estado chileno, contrario a la voluntad de los aborígenes, persigue y encarcela a los mapuches, aplicándoles la Ley de Asociación Ilícita, sancionada durante la dictadura asesina de Pinochet. Así los mapuches son enjuiciados por pertenecer a organizaciones terroristas o por participar en protestas y sabotajes organizados por fantasmagóricos grupos armados auspiciados por la CAM.
   
  Con ese falso argumento permanecen detenidos –algunos ya con condena- más de veinte mapuches que, en realidad, participaron de la recuperación de territorios que les son propios y les fueron usurpados. Así queda claro para quien, y cómo, juega el Estado chileno y el Gobierno de Bachelet
   
  La Ley de Asociación Terrorista chilena fue sancionada en 1984, para perseguir a los opositores a Pinochet, y es muy similar a la “Ley Antiterrorista” argentina, sancionada el año pasado durante la gestión de Néstor Kirchner. Según ambos textos, esa figura legal puede aplicarse contra cualquier individuo que sea parte de una organización y “atente contra los intereses nacionales”. 
   
  Esta legislación no busca argumentos legales para que un Estado defienda sus intereses sino un instrumento para perseguir a movimientos sociales y sectores movilizados. Por eso, diversos organismos internacionales de Derechos Humanos insisten en su derogación, tanto en Argentina como en Chile.
   
  La ley de la selva
  Patricia Troncoso, por ejemplo, purga una condena de 10 años, acusada por “Incendio Terrorista” del fundo Poluco Pidenco (ocurrido en diciembre de 2001) cuando en realidad su comunidad pretendía recuperar sus tierras. 
   
  La mayoría de los presos ya condenados fueron juzgados bajo esta figura legal, por un gobierno cuya máxima representante fue también víctima de la dictadura. Ahora, en el Poder, la propia Bachelet se vale de las leyes pinochetistas para perseguir a los mapuches, aunque por la presión internacional sostuvo que dejará de aplicarlas. 
   
  En los procesos judiciales contra los mapuches fueron denunciadas múltiples irregularidades. Hallar pruebas para condenar a los indígenas, se sabe, no fue problema. La fiscalía –el Estado- utilizó testigos “sin rostros” (encapuchados) y con voz distorsionada o, en otros casos directamente, el testimonio de un sólo testigo, conseguido mediante tortura. Esto bastó para que los comuneros fueran encarcelados en celdas sin luz natural, sin derecho a patio y gimnasia, en pésimas condiciones.
   
  Frente a esta clara violación de los derechos más elementales, y tratándose no de casos aislados, sino de políticas de Estados, los presos mapuches comenzaron una huelga de hambre líquida para denunciar las irregularidades de las que son objeto, las persecuciones y la injusticia reinante.  Troncoso, se ha dicho, se encuentra en estos momentos internada en el Hospital de Angol producto del deterioro de su salud a causa del no consumo de alimentos. La "Chepa", como la llaman, es la única de los condenados por este caso que mantiene la huelga de hambre, luego que la semana pasada pusiera fin a esta medida Héctor Llaitul, fundador y uno de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
   
  El Gobierno de Bachelet no se inquieta frente a esta situación, pese a los varios pedidos de organismos de derechos humanos que le exigen su intervención. 
   
  Pseudodemocracia
  Como si no bastara con la persecución judicial, el Estado chileno utiliza también la fuerza para atacar y perseguir a los mapuches. El 3 de enero, Matías Catrileo Quezada, estudiante de la carrera de Agronomía de la Universidad de La Frontera de Temuco, de 22 años, fue asesinado por la espalda por ráfagas de ametralladoras que disparó la policía chilena. El hecho ocurrió en Vilcún, 18 kilómetro al nororiente de Temuco, donde familias Mapuche habían ocupado el fundo del colono Jorge Luchsinger, territorio que las comunidades mapuche reclaman como "propiedad comunitaria histórica". 
   
  Matías Catrileo Quezada es el tercer mártir mapuche en tiempos de "pseudademocracia" que fallece en un enfrentamiento con la policía. El primer caso corresponde al joven Alex Lemun Saavedra de 17 años, quien murió en la comuna de Ercilla el 12 de noviembre del 2003 a consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano abierto por herida de bala disparada por de Carabineros de Chile. En el segundo caso, el 28 de agosto de 2006, Luis Mariman Levío - sargento de carabineros- mató al el peñi Lonko (Hermano Jefe o cabeza de su comunidad mapuche) Juan Collihuín Catril de 71 años, hecho ocurrido en un allanamiento policial en su casa. 
   
  “Nosotros intentábamos hacer una recuperación pacífica, ingresamos al fundo e inmediatamente Carabineros comenzó a disparar con sus subametralladoras... en eso nosotros comenzamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matias", señaló a una radio chilena el comunero Rodrigo.
   
  Es asesinato del joven mapuche es un ejemplo más de la persecución y la criminalización del reclamo aborigen. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al Estado chileno, el lunes pasado, informar acerca del estado de salud en el que se encuentra Patricia Troncoso Robles. “La situación por la que atraviesan los presos políticos mapuche a trascendido el ámbito local y se ha instalado en una instancia internacional que compromete al Estado chileno a tomar cartas en el asunto.”, dice un fragmento del petitorio.
   
  La CIDH acogió además una demanda realizada días atrás por la aplicación errónea de la Ley Antiterrorista por la cual cumplen actualmente condena Troncoso y otros comuneros mapuches.
   
  “Aquí hay un problema del cual el gobierno no quiere hacerse cargo y que es la injusticia y arbitrariedad con la que ha actuado, aplicando ilegítimamente una ley que no se relaciona con los hechos o delitos cometidos (…) ningún prisionero condenado por La Ley Antiterrorista cometió un hecho terrorista, nunca han afectados bienes jurídicos que sean trascendentes y que se encuentren amparados o protegidos por dicha Ley”, enfatizó el abogado de la FASIC, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, Alberto Espinoza, quien había presentado el pido a la Comisión. 
   
  En tanto, el Gobierno dispuso que sea la Justicia militar la que investigue el asesinato de Matías Catrileo. Al respecto Espinoza indicó que “no tiene ninguna justificación desde el punto de vista del derecho internacional y las normas del debido proceso, que un crimen cometido en la persona de un civil tenga que ser investigado por el tribunal castrense, lo que significa que el crimen quedaré en la impunidad”.
   
  Un racismo institucionalizado
  El Estado chileno no reconoce siquiera la calidad de “Prisioneros Políticos” de todos los presos Mapuches. Según éstos, tampoco atiende sus reclamos centrales: Garantizar la seguridad física y psicológica de todos los Presos Políticos Mapuches y de sus familiares y amigos que los visitan; el reconocimiento por el Estado chileno de las autoridades ancestrales del Pueblo Mapuche; el Cese inmediato de los malos tratos y hostigamiento de parte de gendarmería y el Tratamiento médico adecuado a todos los presos Mapuche. 
   
  La violación de los Derechos Humanos, cabe aclarar, no se corresponde solamente  desde que Bachelet ocupa la Presidencia, sino que es una práctica ya institucionalizadaza que la Presidenta continúa. Por ejemplo, el Estado Chileno no ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblo Indígenas, instrumento legal que debería servir para poner fin a los atropellos empresarios y estatal. 
   
  En un comunicado difundido recientemente los Mapuches sostienen: “En Chile la población de origen mapuche registra los índices más altos de pobreza, de mortalidad infantil, cesantía, y analfabetismo. El promedio de vida es 10 años menos que el resto de la población. Los mayores índices de miseria de todo el país, se registran en las comunidades mapuches vecinas a las plantaciones forestales y en áreas de acuicultura. En contraste vale de considerar que la actividad económica que se desarrolla en el territorio ancestral mapuche genera la riqueza de los más ricos entre los ricos de Chile, de esta forma concluimos que estamos frente a un "estado racista" que aplica una política de " marginación institucionalizada".
   
  Luego se sostiene: “Este nuevo ‘estado racista’ chileno con políticas de ‘marginación institucionalizada’ consolidó su estructura el 10 de enero de 2006 cuando la Cámara de Diputados de la Republica de Chile, aprobó por unanimidad que ‘La Nación chilena es una e indivisible’. Será así, pero de aquellos territorios legalmente adquiridos y no de sus territorios ilegalmente apropiados, como es el caso del territorio mapuche al sur del río Bio-Bio, territorio por la cual dieron su vida los actuales mártires Matías Catrileo Quezada (22 años), Alex Lemus Saavedra (17 años) y Juan Collihuín Catril, Lonko de 71 años de edad”. 
   
  Sin embargo, pocos son los que se preocupan, y mucho menos los que se ocupan, por la grave situación que atraviesan los Mapuches, para quienes el vínculo con la tierra es sagrado. 
   
  Para Bachelet y el progresismo latinoamericano que se llena la boca porque un indígena gobierna Bolivia pero se enmudece por los indígenas perseguidos en el Sur del Mundo, es un tema menor. 
  Tan menor como su estatura moral.
   
   
  AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
   
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  Derecho de propiedad vs. Derecho a una vivienda digna 
   
  (AW). 2007 se presentó como un año crítico para los desalojos en la ciudad de Buenos Aires. Se estima que unas 24 mil personas quedaron en la calle.  
   
  Buenos Aires, 14 de enero de 2008 (Agencia Walsh). Durante 2007 se registró un incremento de entre 72% y 142% respecto de 2006. Se estima que el agravamiento de la situación está relacionado con el crecimiento de la industria inmobiliaria, y el aumento del turismo. 
   
  En los casos en que existe un contrato entre partes, el desalojo procede cuando, vencido el plazo estipulado en que se debía devolver la propiedad, el ocupante no cumple con la obligación de entregarla en tiempo y forma. 
   
  Hay varias causales por las que se llega a esta medida forzosa, como la falta de pago de alquileres, el vencimiento del plazo de locación, el abandono de la locación, el fallecimiento del locatario, el desalojo por cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas, uso deshonesto; entre otras posibilidades. 
   
  Su regulación legal, está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial, en los artículos 679 a 688. En los artículos 680 bis y 684 bis, se prevé el desalojo como medida cautelar, siempre y cuando se demuestre la verosimilitud del derecho, se presente caución y haya peligro en la demora. 
   
  El aumento de la demanda de inmuebles para uso turístico llevó a que, durante el 2007, los propietarios recuperaran sus propiedades por su revalorización. En ese marco, el desalojo efectivo es sólo el final de un proceso judicial que reafirma los derechos de los propietarios. 
   
  En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, durante 2007 los desalojos crecieron entre 72% y 142% respecto del 2006, según la Defensoría de la Ciudad, el Ministerio de Desarrollo Social porteño y la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA). 
   
  El incremento se debió principalmente a la demanda de los turistas por sobre las propiedades, que marca un grave deterioro en la situación, considerando que no menos de 19.000 personas se sumaron durante el 2006 al universo de familias en emergencia habitacional. 
   
  En el transcurso del año 2007, se sentenciaron 1976 desalojos efectivos sólo en la Capital. La cifra refleja un promedio de tres familias por desalojo, ya que muchas causas se realizan contra viviendas colectivas, lo que implica que quedaron unas 24 mil personas en la calle. 
   
  La defensora del pueblo porteña, Alicia Pierini, manifestó que se trata de una consecuencia del ‘boom inmobiliario’, que hace que muchos propietarios quieran recuperar sus inmuebles y reciclarlos en hoteles y restaurantes para turistas. 
   
  Precisamente sobre el tema, la defensoría porteña presentó a principios de octubre pasado, un informe que reflejaba la preocupación en el aumento de desalojos en la Ciudad. Allí se expresaba que casi cuatro mil hogares fueron asistidos durante el primer semestre del 2007 y que se dictaron dos mil sentencias de desalojo en todo el 2006. También preveía que 2300 familias serían desalojadas en los próximos meses. 
   
  El desalojo es un tema del que también se ocupa la Justicia. Recientemente los tribunales porteños, dictaron dos fallos donde estipulaban la obligación de garantizarles a los habitantes “una vivienda digna”. 
   
  Uno de ellos fue dictado por el juez en lo Contencioso y Administrativo Roberto Gallardo en el que se ordenó al Gobierno de la Ciudad, abstenerse “de cualquier acción de desalojo o expulsión, sea cual fuere su modalidad operativa, que pudiere vincularse con los habitantes de la Villa 21/24” que ocupan un predio de la zona de Barracas. 
   
  En el otro caso, el Tribunal Superior de Justicia porteño confirmó una sentencia que hizo lugar a una acción de amparo contra el Ejecutivo local. Allí se ordenó que incluya a una familia en el programa de emergencia habitacional hasta tanto “no demuestre fehacientemente que la situación de vulnerabilidad de la actora y su grupo familiar ha cesado”. 
   
  Fuente: Diario Judicial.
   
  AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH
   
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   “LOS VIOLENTOS NO SON LOS QUE LUCHAN, SINO LOS QUE NOS OPRIMEN
  NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL.”
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   “POR LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL CON AUMENTO SALARIAL
  TRABAJAR MENOS, PARA QUE TRABAJEN TODOS.
  NOS SACARON MUCHO, PUEDEN PAGAR”
   
  Campaña Nacional por la Reducción de la Jornada Laboral
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  LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DE ARGENTINA
  Y A TODOS LOS LUCHADORES EN EL MUNDO.
   
  LIBERTAD A LOS 5 HEROES CUBANOS, 
  PRESOS EN LAS CARCELES YANQUIS
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